Las herramientas basadas en jurimetría pueden incrementar la eficacia del Estado de Derecho desde muchos puntos de vista: (i) puede otorgar al legislador (elaborador) de una norma jurídica una indicación razonable del modo en que será aplicada en la práctica según los problemas planteados; (ii) confiere a los ciudadanos (y a sus abogados) una herramienta para prever cuál será el resultado de un proceso judicial antes de iniciarlo; (iii) facilita el trabajo de los jueces que pueden encontrar los patrones generales para la solución de casos que planteen problemas similares; (iv) facilita detectar desviaciones de los tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional (en instancias sucesivas o en mecanismo de garantía de la eficacia y eficiencia de la administración de justicia) y permite incrementarla garantía del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Entre los riesgos que se deben afrontar se encuentran: (i) limitar la capacidad de decisión del juez o tribunal; (ii) cronificar desviaciones en la aplicación de la ley; (iii) dificultar la renovación de la jurisprudencia; (iv) orientar las actuaciones procesales de las partes en función del resultado previsto o querido y no del mejor interés de la justicia o de los ciudadanos.